La preocupación por vivir una vida más ecológica va en aumento: se recicla más, se consume menos combustible, se come más comida orgánica. Pero además de llevar una vida más ecológica, también se puede tener una muerte más ecológica y ser conscientes aún después de la muerte. Hay que ser cada vez más responsables.
La tendencia va en aumento: se utilizan cada vez más ataúdes ecológicos. Se trata de un cofre hecho de cartón reciclado, que pesa 12 kilos, soporta hasta 225 y no tiene adhesivos nocivos, aditivos o metales.
En Estados Unidos, donde aumentó la preocupación por la contaminación producida por los metales y los químicos de féretros y cadáveres, hay más cementerios tipo bosques. La empresa Restbox, creada en España en 1992, ha tenido más de 12.000 pedidos de ataúdes ecológicos en todo el mundo. Hasta donó ataúdes en tiempos de catástrofes: por ejemplo, unos 10.000 a la Cruz Roja después del tsunami en Indonesia.
Responsables y ecológicos, hasta en la muerte.
La noticia se reprodujo en los periódicos de todo el mundo. No es para menos. Un científico australiano afirmó que, reemplazando las hamburguesas de carne vacuna por las de carne de canguro, es posible reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. La carne de vaca y ovejas produce, a través de flatulencias y eructos, un gas metano mucho más dañino para el medio ambiente que el que produce el consumo de carne de canguro. La causa, explica el informe, es la particularidad del sistema digestivo del canguro.
El científico responsable de este estudio es el doctor George Wilson, del Australian Wildlife Services. Dado que este marsupial tiene, en sus intestinos, microorganismos diferentes a los que tienen las vacas y las ovejas, Wilson insiste en que hay que incentivar la cría de canguro para su consumo humano.
Según múltiples informes, el ganado vacuno y bobino produce el 11% del dióxido de carbono de Australia. Durante años se han presentado varias propuestas para lidiar con el problema, y Wilson propone como solución al mismo símbolo de Australia: sus canguros. “Tienen un gusto excelente ―dijo―, no menos que el venado. Sólo que tiene un sabor distinto”.
La producción de canguros para su consumo asciende en Australia a los 30 millones. Wilson insiste en que la cifra debe crecer exponencialmente: menos eructos y menos flatulencias, menos recalentamiento global.
El pasado 26 de marzo, The New York Times destapaba que la tabaquera Vector Group había financiado un estudio clínico publicado en New England Journal of Medicine . Lo había hecho a través de la Fundación para el Cáncer de Pulmón, ya que ninguna revista seria se haría eco de un estudio pagado por uno de los sectores que más se cree que perjudica a la salud, el del tabaco.
La noticia no sólo puso en evidencia a la investigadora del Weill Cornell Medical College que dirigió el trabajo, Claudia Henschk y a la revista a la que habían colado el gol. También dio que pensar sobre la validez de sus resultados. Y es que el ensayo clínico afirmaba que el 80% de las muertes por cáncer de pulmón podría evitarse si se generalizara el uso de una afinada prueba de diagnóstico por imagen, el TAC.
Tal y como declaró al NYT un antiguo director del NEJM, Jerome Kassirer, cabría preguntarse qué buscaba la tabaquera: ¿quizás demostrar que el cáncer de pulmón no es para tanto porque haciéndose cribado se salvaría a los afectados?
La fuente de financiación de un trabajo es un aspecto poco publicitado, pero básico a la hora de evaluar un ensayo clínico. La industria farmacéutica está detrás de la mayoría de los ensayos diseñados para probar la eficacia de un medicamento. Según datos de la Agencia Española del Medicamento, la cifra no ha bajado del 85% –sólo en financiación directa– en los últimos años.
Así lo confirma también el director de la Fundació Institut Català de Farmacología, Joan Ramón Laporte, que habla incluso de un porcentaje mayor, que puede llegar al 95%.
Para este profesional, uno de los principales problemas de esta financiación casi exclusiva es lo que motiva el diseño de los estudios: “Las preguntas de la industria están dictadas por la necesidad de desarrollar un medicamento, no por la curiosidad científica”.
Pone un ejemplo: “Cuando un fármaco es eficaz pero también tiene efectos secundarios, el investigador independiente se preguntará si bastaría con la mitad de la dosis para conseguir el mismo efecto. Esto no le interesa a la industria”.
También ve problemático el hecho de que los laboratorios paguen a los investigadores: “Para que el ensayo tenga validez, se necesita probar el fármaco en muchos pacientes y se elige a los investigadores que más enfermos puedan aportar. Como, además, se les paga por paciente incluido, éste se convierte en la mercancía”.
Tendencia creciente
Laporte es uno de los promotores del ensayo clínico independiente del fármaco Sativex, hecho con componentes de la marihuana . Considera que sin duda hace falta más investigación clínica pero reconoce que el Ministerio de Sanidad está haciendo un esfuerzo.
Así se explicaría la creación del primer Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red, para dotar de mecanismos estables que permitan fomentar la investigación clínica independiente. También hay ayudas, convocadas en 2007 y que, dotadas con 20 millones de euros, financian ensayos clínicos con determinadas prioridades, entre las que destaca el desarrollo de estudios con medicamentos huérfanos, los más damnificados por la financiación casi única por parte de los laboratorios.
Las enfermedades que afectan a pocas personas no interesan al negocio farmacéutico. Aunque puede parecer lógico, también se puede percibir como injusto, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que gastan los laboratorios en investigación.
Aunque Laporte no se aventura a decir una cifra, reflexiona: “La mayoría de los ensayos clínicos que se desarrollan en España son multicéntricos; si se calcula que, en cada uno, participan 50 pacientes y que, por enfermo, se le paga al investigador una media de 600 euros, se puede deducir que se gastan unos 30.000 euros por ensayo; no hay más que multiplicar esta cifra por los 500 ensayos que se hacen al año”.
Ecologistas en Acción denuncia que, ante el retraso que sigue la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), planea construir un almacén temporal individual (ATI) para las centrales nucleares de Ascó I y II (Tarragona). De esta manera se reconoce el fracaso del 6º Plan General de Residuos Radiactivos, que establecía la disponibilidad de un ATC operativo antes del año 2011 para los residuos de alta actividad, dado que el proceso de emplazamiento voluntario no ha conducido a la obtención de ningún firme candidato.
ENRESA ha divulgado las bases del concurso [1] para el diseño de los contenedores que permitan almacenar el combustible gastado de Ascó I y II, cuyo anuncio ha sido publicado en el BOE 91, de 15 de abril de 2008 y bajo resolución con carácter de urgente. La obra consiste en un almacén en seco para los residuos producidos en dicha central y debe estar operativo en febrero de 2011.
Si bien no es hasta el año 2013 cuando se prevé que se sature la piscina de almacenamiento del combustible gastado de Ascó I, salvo el hueco que se debe dejar por si fuera necesaria la extracción del combustible del núcleo en caso de emergencia. Tras la saturación de la piscina, la central debería dejar de funcionar si no encuentra una solución para poder seguir almacenando residuos radiactivos de alta actividad. Tras el grupo I de Ascó, se produciría la saturación de la piscina de combustible del grupo II, allá por el año 2015.
En las especificaciones técnicas del concurso, ENRESA contempla la construcción de tres contenedores modulares transportables de 150 Tm métricos cada uno. En estos contenedores se almacenarían los residuos de alta actividad en seco y se levantarán al aire libre sobre una losa de hormigón dentro del recinto de la CN, al igual que ya se hace en Zorita o Trillo (ambas en Guadalajara).
Se detalla, asimismo, que estos contendores deben ser de doble uso, para almacenamiento de los residuos en condiciones de seguridad por un periodo de como mínimo de 50 años y para su transporte. También el emplazamiento habrá de contar con una grúa para levantar los pesados contenedores, que deberán estar lo suficiente espaciados para que la radiactividad no sea excesivamente alta entre ellos. Los contenedores deberán estar diseñados para disipar el calor que desprenden los residuos de alta actividad, mediante un sistema de refrigeración por inducción, conocido también como sistema de refrigeración pasivo.
Aunque no se de a conocer en el pliego, corresponde a ENRESA sufragar la financiación de la ejecución las obras, si bien y a su vez corresponde a los titulares de la central nuclear aportar un montante como concepto de alquiler, ya que desde abril de 2006 son los propietarios de las CC.NN. quienes deben hacerse cargo del coste de la gestión de los residuos radiactivos, sin derecho a que este sea trasladado a los clientes vía tarifación. La estrategia seguida por el momento por ENRESA parece exonerar a los titulares desde el momento que son estos quienes han de hacerse cargo de la gestión. De aquí las prisas de ENRESA para la construcción de un ATC. Por el contrario, Ecologistas en Acción considera que han de ser los titulares de las centrales quienes deben acarrear con la totalidad de los gastos que surjan por la gestión de los residuos, y esto debe incluir los costes de diseño y suministro del almacén en seco así como su gestión, puesto que son estas quienes se han beneficiado con la explotación.
No obstante, Ecologistas en Acción se opone a la dotación de un ATI para Ascó I y II, más bajo los planes que ENRESA arguye, ya que estos son condición indispensable para garantizar la actividad de dichas centrales por unos cuantos años más, cuando todas las evidencias apuntan a que la mejor solución para dichas instalaciones pasa por su cierre y desmantelamiento.
Tanto Ascó I y II experimentan un claro deterioro ya sea por errores de diseño como por envejecimiento prematuro, así como por la mala gestión que le han dedicado los titulares, y que sobrellevan con numerosas paradas no programadas y un sinfín de sucesos notificables, el más importante acontecido en las últimas semanas por el escape de partículas radioactivas del grupo I al exterior de las áreas de contención radiológica.
Por esta razón Ecologistas en Acción hará un seguimiento de todo el proceso administrativo, y presentará alegaciones al mismo al igual que hizo en el caso del ATI de Trillo.
Como se ha señalado con anterioridad, la necesidad de construir este nuevo ATI para Ascó se debe al fracaso de la política de gestión de los residuos radioactivos que intentó poner en práctica el gobierno socialista en su anterior legislatura, que pretendía construir el ATC en algún emplazamiento donde con la aceptación voluntaria de los habitantes de la zona. El hecho es que en todos los lugares donde se especuló con la instalación se registró una fuerte oposición por parte de los vecinos, hecho que muy previsiblemente se repetirá en la legislatura que acabamos de inaugurar. Tal es así que ENRESA ha decidido avanzar ya en el diseño del ATI de Ascó, una de las CN que saturará sus piscinas próximamente.
Para Ecologistas en Acción la mejor forma de conseguir el consenso en la gestión de dichos residuos pasa por el establecimiento de un calendario de cierre de las centrales nucleares que cada vez se hace más urgente. Sino no se podrá contar nunca con la aquiescencia de la población, por otro lado mayoritariamente contraria a la explotación de la energía nuclear, mientras ENRESA se enfrenta a un nuevo fracaso.
[1] El pliego de prescripciones técnicas puede consultarse en www.enresa.es , en el apartado “perfil del contratante”.
El flujo de arroz puede convertirse en goteo. Lo decía hace poco la ONU, preocupada por el incesante aumento de precios de los alimentos, pero la alerta se dispara hoy porque el miedo a que el arroz escasee no afecta sólo al sudeste asiático, donde es el principal alimento, sino que hace temblar la primera economía mundial. En Estados Unidos, la cadena Wal-Mart lo ha racionado: sólo 4 sacos de arroz por cliente. Algo inaudito. Nunca antes en Norteamérica se habían restringido los alimentos. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Pero la amenaza de carestía es evidente. Los precios del arroz se han duplicado en el último año, porque la demanda no ha parado de crecer, gracias al tirón de China e India y también a que muchos compran en grandes cantidades para evitar mayores subidas de precios. Sin olvidar que ahora los cereales se compran para biocombustibles. Una demanda imparable y difícil de abastecer cuando los países productores, Vietnam o Egipto han limitado sus exportaciones o para garantizarse su propio consumo. Causas ya detectadas hace tiempo pero ahora el peligro acecha al gigante.
Más de 300 corzos mueren al año ahogados en un canal de Iberdrola que se encuentra en la zona norte de la provincia de Palencia.
Según fuentes consultadas por 20minutos, el problema radica en que las vallas que rodean la instalación son muy bajas, los animales las saltan y cuando caen al agua no tienen ninguna posibilidad de salir, por lo que mueren agotados.
Jabalíes, venados, lobos y perros
Además de los corzos, en el canal pierden la vida jabalíes, venados, algún lobo y perros. En sus intentos por salvarse, los animales sufren una cruel agonía, ya que tratan de subir por los lados inclinados del canal y se rasgan las patas.
La instalación, que se emplea tanto para el riego como para la producción de energía eléctrica, se encuentra situada junto al pantano de Compuerto, en Velilla del Río Carrión, y transcurre hacia el sur de la provincia, pasando por las localidades de Villalba de Guardo y Acera de la Vega, separadas entre sí por 16 kilómetros, donde tienen lugar estos accidentes.
Los cadáveres de los animales son sacados del canal y guardados en cubos de basura.
Medidas insuficientes
Los hechos se suceden desde hace varios años. Iberdrola conoce la situación y al parecer subió hace dos años la altura de las vallas protectoras, aunque la medida todavía resulta insuficiente porque siguen cayendo animales, y algunos cuerpos son arrastrados por la corriente. Además, hay zonas del canal que no están suficientemente protegidas.
Esta situación se ha denunciado desde varias instancias, aunque por el momento no se han adoptado más medidas de protección.
El ‘Plan Renove de Electrodomésticos’ ha logrado en sus primeros treinta días de implantación en la Región de Murcia la sustitución de casi 5.000 electrodomésticos de alto consumo energético por otros considerados “ecoeficientes”, según informa el Gobierno regional en un comunicado. En concreto, este programa, que puso en marcha la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia (Argem, ha permitido que se gestionen las ayudas para la compra de 4.800 electrodomésticos ecoeficientes, lo que ha supuesto ya un desembolso de 400.000 de los 1.482.549 euros del presupuesto inicial. El consejero Benito Mercader destacó que así se sustituyen “frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas antiguos que consumen más electricidad y son más dañinos para el medio ambiente”, lo cual demuestra, en su opinión, que los murcianos “quieren contribuir a que los hogares sean medioambientalmente sostenibles”.
Según señaló, el ‘Plan Renove de Electrodomésticos’ ha despertado un gran interés por parte de los ciudadanos de la Región y de los establecimientos, y prueba de ello es que 285 ya se han adherido al programa. Uno de los requisitos para poder beneficiarse del programa, que prevé sustituir un total de 18.000 electrodomésticos, es que la instalación del aparato se realice dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. Los aparatos sustituidos son retirados por los Sistemas Integrados de Gestión desde los establecimientos para su posterior reciclaje. Como novedad, Mercader explicó que se acaba de poner en marcha un programa informático con el fin de agilizar la gestión de las ayudas y también para que los vendedores realicen sus operaciones por internet, “lo que facilita el proceso de concesión de ayudas de 85 euros por electrodoméstico”. Las ayudas las gestiona la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia y se enmarcan en el convenio suscrito con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
La organización ecologista Greenpeace advirtió hoy que la tala masiva de árboles en los bosques boreales canadienses puede crear una “bomba de dióxido de carbono” con la emisión de hasta 186.000 millones de toneladas de ese gas.
El bosque boreal canadiense ocupa una gigantesca extensión de 5,45 millones de kilómetros cuadrados, el 53 por ciento de la superficie total del país y más de 10 veces superior al tamaño de España.
El informe dado a conocer hoy por la organización ecologista también advierte de que las consecuencias de la destrucción de esta masa arbórea serían de gigantescas proporciones, ya que podría provocar la emisión de 186.000 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Esta cantidad, que es 27 veces superior a las emisiones mundiales de CO2 generada cada año por la combustión de combustibles fósiles, está almacenada en árboles y, sobre todo, en el suelo sobre el que crecen los bosques boreales.
Segun Elizabeth Nelson, investigadora de la Universidad de Toronto y coautora del informe, “más de dos terceras partes del carbono (un 83 por ciento) almacenado en el bosque boreal se encuentra en el suelo”.
Nelson añadió que “cuando la cubierta forestal es retirada, el suelo se deteriora y emite dióxido de carbono adicional durante meses, años e incluso décadas”.
Hoy en día, cada año las compañías madereras talan unos 9.000 kilómetros cuadrados de bosque boreal, incluidos 68 kilómetros cuadrados para la construcción de carreteras y otras instalaciones necesarias para la explotación de estos recursos.
Pero, según Greenpeace, alrededor de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono son liberadas cada año por la tala de esta superficie, más de lo que emiten todos los coches que circulan por el país.
Christy Ferguson, portavoz de Greenpeace, declaró a Efe que pese a estudios como este, las autoridades canadienses defienden que la explotación del bosque boreal tiene consecuencias positivas para el cambio climático.
“Los gobiernos canadienses, tanto a nivel federal como provincial, y el sector de los productos forestales están promoviendo una visión totalmente falsa de los efectos de la tala de árboles en el medio ambiente”, dijo Ferguson.
El año pasado, el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá emitió un informe en el que se asegura que la práctica totalidad del carbono almacenado por los árboles y el suelo del bosque boreal permanece retenido en madera y suelo después de su tala por lo que prácticamente no tiene incidencia en el cambio climático.
El informe señala que “las prácticas de gestión forestal no suponen emisiones sustanciales”.”
“Están equivocados. Cuando se estudia todos los datos científicos, prácticamente todos los aspectos de su argumento se revela como falso”, añadió Ferguson.
Greenpeace también dijo que entre 1970 y 1990 se ha duplicado el área de bosque boreal afectada por incendios forestales, lo que está aumentando la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera cada año.
El informe revela que en la actualidad, cada año se pierden en incendios forestales 76.000 kilómetros cuadrados de bosque boreal, una superficie mayor que Irlanda o Panamá.
Desde hace años, Greenpeace realiza campañas periódicas contra las empresas que están explotando el bosque boreal, como la multinacional estadounidense Kimberly-Clark que produce la popular marca de pañuelos de papel “Kleenex”.
La organización ecologista denuncia que la inmensa mayoría de los árboles talados del bosque boreal canadiense, un ecosistema que se considera uno de los últimos grandes bosques inalterados y que ha evolucionado desde hace 10.000 años, son productos desechables.
“La mayoría son ‘kleenex’, papel de periódico, papel higiénico, publicidad impresa, papel de periódico y revistas”, señaló Ferguson.
Comisiones Obreras considera que a España le va a resultar muy difícil reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si el modelo de transporte sigue basándose en la construcción de grandes infraestructuras que favorecen el uso del vehículo privado. El propio presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido en el discurso de investidura que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas. También somos el que más alejado se encuentra del cumplimiento del Protocolo de Kioto.
La puesta en marcha de más infraestructuras viarias de alta capacidad que el Gobierno central está licitando y proyectando supone abundar en la ineficiencia energética y en los problemas ambientales de nuestro modelo de transporte, basado predominantemente en la carretera, tanto para viajeros como para mercancías, en detrimento de otros modos más eficientes, como el ferrocarril.
Las emisiones de CO2 en el sector del transporte han aumentado en España en torno a un 80% desde 1990, mientras la industria lo ha hecho en un 40%, la mitad, aunque también muy por encima del 15% que nos permiten los compromisos de Kioto. Si no se da un giro claro hacia el desarrollo de infraestructuras que hagan más atractivo el transporte ferroviario -especialmente en los servicios regionales y de cercanías, que son los más usados por los trabajadores y los ciudadanos en general, así como en mercancías-, va a ser muy difícil reducir las emisiones en el sector del transporte.
Para que las emisiones en el transporte comiencen a reducirse es imprescindible una reorientación en la construcción de infraestructuras y la puesta en marcha de políticas de movilidad sostenible a través de una ley como la que ha propuesto CCOO. Dicha ley debe incorporar planes de movilidad urbana, en polígonos industriales y en empresas. También se deben desarrollar sistemas de intermodalidad y de pacificación del tráfico, así como políticas urbanísticas que no favorezcan la dispersión residencial, que induce a una mayor movilidad en las áreas metropolitanas.
España superó en 2005 a Francia en kilómetros de autovías y, recientemente, hemos superado a Alemania. Con el desarrollo de los planes de alta velocidad nos situaremos también en primera línea en este tipo de ferrocarril, pero en el resto de los servicios ferroviarios somos muy deficitarios y estamos por debajo de la media europea.
La construcción de autovías, además, no es muy intensiva en mano de obra, al realizarse predominantemente con maquinaria pesada. Para mitigar la pérdida de empleo que se está produciendo en el sector de la construcción CCOO propone, entre otras medidas, una adecuada orientación de la inversión pública para el desarrollo de planes de rehabilitación con criterios de eficiencia energética de viviendas y edificios públicos y privados. También debe haber palnes de inversión en la construcción de vivienda protegida y en las infraestructuras y edificios que se precisan para el desarrollo de la ley de dependencia, así como para los centros educativos y sanitarios.
Un estudio muestra las consecuencias de una guerra nuclear regional. Las explosiones y los incendios crearían una serie de reacciones químicas en la atmósfera que causarían un agujero de dimensiones casi globales.
Una guerra nuclear entre Pakistán e India provocaría millones de muertos en la región. Pero los habitantes de la zona no serían los únicos afectados. Los autores de un estudio publicado esta semana en la revista PNAS afirman que las consecuencias de un enfrentamiento atómico regional se notarían en todo el planeta. Según los investigadores, dirigidos por científicos de la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU), las explosiones y los incendios consiguientes provocarían una serie de reacciones químicas en la atmósfera que causarían un agujero en la capa de ozono de dimensiones casi globales.
Los científicos llegaron a estas conclusiones empleando modelos informáticos. Teniendo en cuenta los arsenales estimados de India y Pakistán, calcularon que unas 100 bombas de unos 15 kilotones (como la que explotó en Hiroshima) estallarían en las principales ciudades de los dos países. De las urbes en llamas, surgirían columnas de humo que elevarían hasta 80 kilómetros de altura en la estratosfera 5 millones de toneladas de materiales. Esta cortina de humo oscuro, con una enorme capacidad para absorber la radiación solar, elevaría la temperatura de la estratosfera y desencadenaría una serie de reacciones químicas, en particular, de óxidos de nitrógeno, que destruirían el ozono.
Los autores del estudio estiman que los niveles de destrucción de ozono llegarían al 20% en todo el globo; entre el 20% y el 45%, en latitudes medias, y entre un 50% y un 70%, en latitudes más septentrionales. Estas reducciones en los niveles de ozono se mantendrían durante cinco años y seguirían siendo sustanciales durante otros cinco años más.
Daños para la salud
La capa de ozono es un escudo frente a los rayos ultravioletas y su debilitamiento provocaría el aumento de enfermedades, como las cataratas o el cáncer de piel. Muchos otros seres vivos también se verían afectados, ya que habitualmente están adaptados a los niveles de radiación de sus hábitats. Cuando en 1987 se firmó el protocolo de Montreal para hacer frente al problema del agujero en la capa de ozono, se había detectado una pérdida de alrededor del 4%, una cifra muy inferior a la que provocaría una hecatombe nuclear, por local que fuese.
Esta simulación ofrece resultados aún más preocupantes que los elaborados en la década de 1980. En 1987, un estudio del National Research Council de EEUU estimó que la explosión de 6.500 megatones en todo el mundo provocaría una pérdida de ozono del 17% y calculó una recuperación mucho más rápida. Los autores concluyen que ninguna guerra atómica puede considerarse regional, debido al impacto ecológico global que tendría.
